Pactos de no competencia: Hoy
En general, los tribunales del estado de Washington harán cumplir los pactos de no competencia si el pacto es razonable.
Para determinar si un pacto es razonable, hay que tener en cuenta tres factores: (1) si la restricción es necesaria para proteger el negocio o el fondo de comercio de un empresario, (2) si impone al empleado una restricción mayor de la razonablemente necesaria para asegurar el negocio o el fondo de comercio del empresario, y (3) si el grado de perjuicio para el público es tal que la pérdida del servicio y la habilidad del empleado justifica la no aplicación del pacto.
Un pacto de no competir debe estar respaldado por una contraprestación. Si el pacto de no competir se celebra en el momento en que comienza la relación laboral, la norma general en Washington es que la contraprestación suficiente para respaldar el pacto es inherente al propio empleo. Por otra parte, si el pacto de no competir se suscribe una vez iniciado el empleo, debe existir una contraprestación independiente.
El orden público exige que un tribunal examine cuidadosamente los pactos de no competencia, incluso cuando se demuestre la protección de un interés comercial legítimo, debido a preocupaciones igualmente concurrentes de libertad de empleo y libre acceso del público a los servicios profesionales.
Pactos de no competencia: 1 de enero de 2020
A partir del 1 de enero de 2020 habrá una nueva norma para los pactos de no competencia entre empresarios y empleados, que prohíben a los empleados buscar empleo en empresas competidoras. La nueva norma fue aprobada por la Legislatura del Estado en la Sesión de 2019.
La nueva ley hace inaplicables estos acuerdos de empleo a menos que cumplan una serie de criterios definidos recientemente, como que el empleado gane más de 100.000 dólares al año (ajustados a la inflación) y que el periodo de no competencia no supere los 18 meses.
Si el acuerdo es una condición para el empleo, las condiciones del acuerdo deben comunicarse previamente a los posibles empleados. También exige que los empleados despedidos sigan cobrando durante el periodo de ejecución.
La nueva ley también prohíbe los acuerdos de no competencia para los contratistas, a menos que el contratista reciba una remuneración superior a 250.000 dólares, y permite a los tribunales imponer una indemnización por daños y perjuicios o una sanción de 5.000 dólares, la que sea mayor, más los honorarios de los abogados.
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